La indemnización de daños y perjuicios por accidente laboral constituye una deuda anterior a la aparición de la causa de disolución de la sociedad. No responsabilidad por deudas sociales del administrador (art. 367 LSC)
STS, Sala 1ª, núm. 193/2020, nº recurso 2077/2017, de 25 de mayo
Con fecha 10/09/2009 la víctima de accidente laboral ocurrido con fecha 25/10/2006 interpone demanda en los juzgados de los social por la que reclamaba una indemnización por el accidente laboral de 280.767,84 euros. El jugado de los social estima parcialmente la demanda mediante Sentencia de 13/07/2011, condenando a la empresa a indemnizar los daños y perjuicios por accidente laboral en la cantidad de 164.677,06 euros. En la ejecución de esta sentencia, no se logra cobrar el crédito, por estar todos los activos de la sociedad gravados con una carga preferente.
La víctima interpone demanda en los juzgados de lo mercantil ejerciendo la acción de responsabilidad por deudas sociales del art. 367 LSC y la acción individual de responsabilidad del administrador del art. 225 Ley Sociedades de Capital en relación con los artículos 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas (que se corresponden con los actuales artículos 236.1 y 241 de la vigente Ley de Sociedades de Capital).
El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Toledo dicta sentencia con fecha 12 de abril 2016. Estima la acción de responsabilidad ex art. 367 LSC al entender que la sociedad mercantil estaba incursa en causa de disolución desde el año 2008, sin que su administrador demandado hubiera instado su disolución; y el crédito había nacido con la sentencia de 13 de julio de 2011 que declara una indemnización de los daños sufridos con el accidente laboral que tiene efectos constitutivos. Concluye que la deuda social era posterior a la aparición de la causa de disolución condenando a su pago al administrador, es decir, a la cantidad reconocida en la sentencia del juzgado de los social, (164.677,06 euros), más el interés legal del dinero devengado desde la presentación de la demanda. Por otra parte, desestima la acción individual de responsabilidad, al no apreciar cumplidos en este caso los presupuestos de la acción.
Ambas partes interponen recurso de apelación. Una de las partes impugna la estimación de la acción del at. 367 admitida y la otra la acción individual de responsabilidad que fue desestimada.
La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del administrador y desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la víctima. Por todo ello, revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Toledo, con fecha 12 de abril de 2016, en el procedimiento núm. 391/14, de que dimana este rollo, y absuelve de la demanda al administrador, imponiendo las costas de la instancia y de su recurso al demandante sin pronunciamiento sobre las del recurso estimado.
La Audiencia desestima el recurso del demandante y ratifica la improcedencia de la acción de responsabilidad individual. Y estima el recurso de apelación del administrador demandado, porque la deuda social de indemnización de daños y perjuicios sufridos por el demandante es anterior a la aparición de la causa de disolución, pues no nace con la sentencia que lo reconoce sino con la causación de los daños.
El demandante interpone recurso de casación.
Los motivos del recurso de casación fueron los siguientes:
"1) Infracción del artículo 225 Ley Sociedades de Capital en relación con los artículos 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas (que se corresponden con los actuales artículos 236.1 y 241 de la vigente Ley de Sociedades de Capital) y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el ejercicio, requisitos y prosperabilidad de las acciones individuales de responsabilidad como administradores en relación con la falta
a las medidas de seguridad.
"2) Infracción de los artículos 236.1 y 241 de la vigente Ley de Sociedades de Capital y de la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el ejercicio de una acción individual de responsabilidad contra administradores sociales, sobre la base de un incumplimiento por parte de la entidad constructora de exteriorizar los compromisos por pensiones reconocidos por convenio colectivo conforme al Real Decreto 1588/99 de 30 de octubre que aprueba el Reglamento de exteriorización de compromisos por pensiones.
"3) Infracción del artículo 367 de la vigente Ley de Sociedades de capital respecto a la determinación del momento del nacimiento de la deuda".
La Sala entiende que la instancia ha declarado a la sociedad incursa en causa legal de disolución en el año 2008, sin que el administrador hubiera cumplido los deberes legales de disolución. Conforme al art. 367 LCS el administrador deviene responsable solidario de todas las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución
La deuda social es el crédito que ostenta el trabajador de la sociedad por un titulo judicial que condena a la sociedad los daños y perjuicios sufridos por un accidente laboral con fecha 13 de julio de 2011, esto es, posterior a la aparición de la causa de disolución. Pero el accidente laboral que ocasionó los daños objeto de indemnización acaeció el día 25 de octubre de 2006, esto es, con
anterioridad a que la sociedad incurriera en causa de disolución.
¿Cuándo nace la deuda en atención a su naturaleza? De acuerdo con la jurisprudencia de la sala, las obligaciones de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por un siniestro, en este caso un accidente laboral, nacen con el siniestro, sin perjuicio de que el nacimiento de la acción para su reclamación pueda demorarse a un momento posterior en el que pueda conocerse ya el alcance del perjuicio sufrido. Para ello, la Sala cita la sentencia 116/2015, de 3 de marzo, cuando razonaba:
"el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el "quantum" tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura".
Y la sentencia de pleno 736/2016, de 21 de diciembre, que unificó las soluciones adoptadas por la jurisdicción social (vid. sentencia de la Sala 4ª TS de 18 de febrero de 2016) y la civil, en relación con la invalidez ocasionada por un accidente y su cobertura por un seguro, reiteró que la fecha relevante era la del accidente y no la de la declaración de incapacidad. El daño y perjuicio se origina con el accidente y es consecuencia inherente al mismo, sin que el siniestro pueda confundirse con la declaración formal de sus consecuencias. La fecha del accidente sirve para fijar el régimen legal aplicable a todos los efectos, incluidos los intereses.
En cualquier caso, la sentencia judicial que declara la obligación de indemnizar y condena a su pago no tiene carácter constitutivo, sino declarativo, aunque sea una declaración de condena. De tal forma que no puede concluirse, como pretende el recurrente, que la obligación de indemnizar haya nacido con la sentencia, sino que nace con la causación del daño o perjuicio.
Sin embargo, no se pronuncia con respecto al otro motivo de casación que se refiere a la responsabilidad del administrador por incumplimiento de la obligación de exteriorización de compromisos por pensiones. Se desconoce el momento de nacimiento de la obligación de exteriorización de tal obligación y el momento de su incumplimiento por la empresa que sea imputable al administrador demandado. Téngase en cuenta el asunto de responsabilidad individual del administrador por incumplimiento de una obligación "ius cogen", como acto de administración que le es imputable, por la STS, Sala 1ª, núm. 242/2014, de 23 de mayo (RJ 2014\2943): <<En el presente supuesto se dan todos los presupuestos para que deba prosperar la acción individual de responsabilidad, de acuerdo con la doctrina sentada por esta Sala (SSTS 396/2013, de 20 de junio (RJ 2013, 5187), 15 de octubre de 2013 RC 1268/2011 (RJ 2013, 7253), 395/2012, de 18 de junio (RJ 2012, 8990) , 312/2010 de 1 de junio (RJ 2010, 2663) , 667/2009 de 23 de octubre (RJ 2009, 7272) , entre otras), que son: (i) incumplimiento de una norma, en el presente caso, Ley 57/1986 SIC (RJ 1968, 1335) , debido al comportamiento omisivo de los administradores; (ii) imputabilidad de tal conducta omisiva a los administradores, como órgano social; (iii) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño; (iv) el daño que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, en este caso, al acreedor, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad y (v) relación de causalidad entre la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero, pues, sin duda, el incumplimiento de la obligación de garantizar la devolución de las cantidades ha producido un daño al comprador que, al optar, de acuerdo con el art. 3 de la Ley, entre la prórroga del contrato o el de la resolución con devolución de las cantidades anticipadas, no puede obtener la satisfacción de ésta última pretensión, al no hallarse garantizadas las sumas entregadas.En el presente caso, el incumplimiento de una norma sectorial, de ius cogens, cuyo cumplimiento se impone como deber del administrador, en tanto que deber de diligencia, se conecta con el ámbito de sus funciones (arts. 225,226, 236 y 241 LSC), por lo que le es directamente imputable>>.
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