LOS SEGUROS DE GRANDES RIESGOS EN LA LEY Y EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA Y EUROPEA

LOS SEGUROS DE GRANDES RIESGOS EN LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA

I. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS)

LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE SEGURO EN LA NUEVA JURISPRUDENCIA " la sorpresa y la frustración legítima de expectativas"

Las cláusulas del contrato de seguro " limitativas, lesivas y delimitativas": ¿ y la sorpresa y la frustración de expectativas?

I. Definición de las cláusulas delimitativas, limitativas y lesivas en la jurisprudencia Tribunal Supremo (TS) 

(SS núms. 1051/2007, de 17 de octubre; 516/2009, de 15 de julio; 598/2011, de 20 de julio; 273/2016, de 22 de abril, 327/2016, de 18 de mayo; núm. 609/2019, de 14 de noviembre; núm 661/2019, de 12 de diciembre; núm.421/2020, de 14 de julio)

Las cláusulas delimitativas concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. 

Las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. 

La cláusula lesiva es aquella que reduce considerablemente y de forma desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro.

II. Hacia una nueva clasificación de cláusulas en el contrato de seguro

A) Cláusulas de delimitación de cobertura y sus límites

Son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan: 

(i) qué riesgos constituyen dicho objeto; 

(ii) en qué cuantía; 

(iii) durante qué plazo; 

(iv) en qué ámbito temporal. 

Se trata, pues, como señala la sentencia núm. 273/2016, de 22 de abril, de individualizar el riesgo y de establecer su base objetiva, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera infrecuente o inusual (cláusulas sorprendentes).

STS, sala 1.ª, pleno, núm. 421/2020, de 14 de julio: «(…)Afirma la STS de fecha 19 de julio de 2012 que: »las cláusulas delimitadoras del riesgo establecen exclusiones objetivas de la póliza o restringen su cobertura en relación con determinados eventos o circunstancias, siempre que respondan a un propósito de eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato (fijado en las cláusulas particulares, en las que figuran en lugar preferente de la póliza o en las disposiciones legales aplicables salvo pacto en contrario) o en coherencia con el uso establecido y no puede tratarse de cláusulas que delimiten el riesgo en forma contradictoria con el objeto del contrato o con las condiciones particulares de la póliza o de manera no frecuente o inusual» A ello se acoge cierta doctrina para entender que la cláusula en cuestión debe respetar y ser congruente con el propio objeto del seguro, sin que pueda vaciarlo de contenido o hacerlo ilusorio. Se desnaturalizaría el contrato de seguro si se fijasen unas coberturas insuficientes en relación con los intereses que se han defendido, pues se limitaría de manera notoria la defensa y la tutela efectiva de los derechos del asegurado, que constituye el objeto del seguro». 

B) Cláusulas limitativas o restrictivas de su alcance usual o natural

La jurisprudencia de esta sala ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, en relación con el alcance típico o usual que corresponde a su objeto, con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora ( sentencias 273/2016, de 22 de abril; 58/2019, de 29 de enero; 609/2019, de 14 de noviembre; y 421/2020, de 14 de julio)

STS, sala 1.ª, núm. 609/2019, de 14 de noviembre:» (…)2.- En cuanto a la distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas, las primeras concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. Mientras que las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. La sentencia 853/2006, de 11 de septiembre, sienta una doctrina, recogida posteriormente en otras muchas resoluciones de esta sala, (verbigracia sentencias núm. 1051/2007, de 17 de octubre; y 598/2011, de 20 de julio), según la cual son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan: (i) qué riesgos constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) durante qué plazo; y (iv) en que ámbito temporal. Otras sentencias posteriores, como la núm. 82/2012, de 5 de marzo, entienden que debe incluirse en esta categoría la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada. Se trata, pues, como dijimos en la sentencia núm. 273/2016, de 22 de abril, de individualizar el riesgo y de establecer su base objetiva, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera infrecuente o inusual (cláusulas sorprendentes). 3.- Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Deben cumplir los requisitos formales previstos en el art. 3 LCS, de manera que deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto (sentencias 268/2011, de 20 de abril; 516/2009, de 15 de julio; y 76/2017, de 9 de febrero). La jurisprudencia de esta sala ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, en relación con el alcance típico o usual que corresponde a su objeto, con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora (sentencias 273/2016, de 22 de abril; y 58/2019, de 29 de enero).

Como declaró la sentencia 661/2019, de 12 de diciembre: "cuando una determinada cobertura de un siniestro es objetiva y razonablemente esperada por el asegurado, por constituir prestación natural de la modalidad de seguro concertado, es preciso que la restricción preestablecida cuente con la garantía adicional de conocimiento que implica el régimen de las cláusulas limitativas, por lo que la eficacia contractual de las condiciones sorpresivas queda condicionada a las exigencias del art. 3 LCS".

C) Cláusulas sorpresivas contrarias a las legítimas expectativas contractuales del adherente

SAP Rioja núm. 135/2020, de 30 de marzo:» Por esa razón, el Tribunal Supremo ha entendido que aun en contratos de adhesión celebrados por no consumidores (como lo es el que nos ocupa), puede postularse la nulidad de determinadas cláusulas que comportan una regulación contraria a la legítima expectativa que, según el contrato suscrito, pudo tener el adherente (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2017 , que cita a su vez la n.º 849/1996, de 22 de octubre , la n.º 1141/2006, de 15 de noviembre y la n.º 273/2016, de 23 de abril). Esta conclusión, dice el Tribunal Supremo, es «acorde con las previsiones de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos, formulados por la Comisión de Derecho Europeo de los Contratos («Comisión Lando»), que establecen el principio general de actuación de buena fe en la contratación (art. 1:201); prevén la nulidad de cláusulas abusivas sea cual fuere la condición (consumidor o no) del adherente, entendiendo por tales las que «causen, en perjuicio de una parte y en contra de los principios de la buena fe, un desequilibrio notable en los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato» (art. 4:110,1); y no permiten el control de contenido respecto de las cláusulas que «concreten el objeto principal del contrato, siempre que tal cláusula esté redactada de manera clara y comprensible», ni sobre la adecuación entre el valor de las obligaciones de una y otra parte (art. 4:110,2). Consideración esta última sobre la adecuación de precio y prestación que resulta especialmente relevante en este caso, porque en un contrato de préstamo mercantil el interés remuneratorio pactado constituye el precio de la operación.».Por lo que atañe en concreto al supuesto específico de la denominada «cláusula suelo», el Tribunal Supremo entiende que «el carácter sorpresivo contrario a la buena fe vendría determinado por la contradicción entre la concertación de un interés variable y la limitación a dicha variabilidad proveniente de una condición general. Entronca este criterio con la regla de las «cláusulas sorprendentes» (desarrollada jurisprudencialmente en otros ámbitos, especialmente en relación con el contrato de seguro), conforme a la que son inválidas aquellas estipulaciones que, a tenor de las circunstancias y la naturaleza del contrato, son tan insólitas que el adherente no podía haberlas previsto razonablemente. Que, a su vez, conecta con la mención de la exposición de motivos LCGC al abuso de posición dominante, en el sentido de que el predisponente hace un mal uso de su capacidad de imposición de las condiciones generales para introducir cláusulas que desnaturalizan el contenido del contrato.»

III. Tribunal Supremo, sala 1ª, sentencia núm. 548/2020, de  22 de octubre

1. Seguro de transporte (LCS). Contenido natural del contrato 

El art. 54 LCS establece: "Por el seguro de transporte terrestre el asegurador se obliga dentro de los límites establecidos por la Ley y en el contrato, a indemnizar los daños materiales que puedan sufrir con ocasión o consecuencia del transporte las mercancías porteadas, el medio utilizado u otros objetos asegurados".

"Más allá de disquisiciones teóricas sobre si este precepto, en relación con el art. 57 LCS, que habla de "lo convenido en el contrato de seguro", obedece al principio de universalidad de los riesgos o más bien a un principio de pluralidad, lo importante es que el seguro de transportes terrestres cubre los daños producidos en las mercancías con ocasión o consecuencia del transporte".

La propia regulación del contrato de seguro de transporte terrestre de mercancías establece una serie de exclusiones y delimitaciones materiales, temporales o espaciales: daño debido a la naturaleza intrínseca o vicios propios de las mercancías transportadas ( art. 57.2 LCS); realización del viaje dentro de plazo ( art. 58 LCS); realización del transporte dentro de territorio nacional ( art. 107.1.a LCS). 

Estas delimitaciones legales, junto con el propósito intrínseco de esta modalidad de seguro de indemnizar los daños materiales que puedan sufrir las mercancías porteadas con ocasión o consecuencia del transporte, configuran su contenido natural.

Mientras que el resto de las limitaciones, que suelen ser transcripciones más o menos literales y extensas de formularios nacionales o internacionales (en este caso, según la propia póliza, de las Institute Cargo Clauses, del Instituto de Aseguradores de Londres) suponen la introducción de exclusiones que van más allá del contenido natural del contrato y, por tanto, son cláusulas limitativas, en el sentido y con los efectos previstos en el art. 3 LCS. Tal y como ya afirmamos en la antes citada sentencia 590/2017, de 7 de noviembre.

2. Póliza de seguro de transporte terrestre de mercancías con Allianz compañía de seguros y reaseguros S.A. (en adelante, Allianz), que contenía la siguiente cláusula: 

"B.1. Robo cuando el vehículo porteador y/o su carga hayan sido dejados sin la debida vigilancia. 

"A los efectos anteriores, por "debida vigilancia" se entenderá: 

1. En cuanto al vehículo en sí mismo, que se encuentre completamente cerrado y en funcionamiento y uso todos los dispositivos de cierre, alarma y bloqueo de que disponga

2. En cuanto al vehículo en sí mismo, que se encuentre completamente cerrado y en funcionamiento y uso todos los dispositivos de cierre, alarma y bloqueo de que disponga. 2. En cuanto a su situación, que se no encuentre en calles o zonas solitarias o mal iluminadas. Adicionalmente y desde las 20:00 horas hasta las 8:00 horas, el vehículo deberá permanecer en un estacionamiento vigilado, garaje o edificio completamente cerrado o recinto de construcción sólida y cerrada con llave; en caso de imposibilidad probada de cumplimiento de lo anterior, el Asegurado deberá tomar todas las medidas a su alcance para evitar el riesgo de robo estacionando el vehículo junto a otros camiones en zonas ampliamente iluminadas y colindantes con establecimientos abiertos las 24 horas del día, debiendo el conductor, además y en todo caso, pernoctar en el interior del vehículo. No se considerará que el vehículo cuenta con la debida vigilancia cuando el mismo permanezca estacionado en polígonos industriales o proximidades de almacenes de entrega de 20:00 a 8:00 de lunes a sábados o a cualquier hora del día durante domingos y festivos".

3. Alegaciones y pretensiones

3.1. Hecho objeto de enjuiciamiento: robo de mercancía cuando estaba estacionado en un taller-nave industrial.  Reclamación frente a la aseguradora de la indemnización por el robo de la mercancía y declaración de nulidad de la cláusula limitativa de exclusión de la cobertura

3.2. Pronunciamientos judiciales

El Juzgado de Primera Instancia (JPI) desestimó la demanda.

La Audiencia Provincial (AP) desestimó el recurso de apelación. Consideró: 

(i) el contrato de seguro de transporte es un contrato de concreta cobertura del riesgo en el que rige el principio de especialidad, por lo que solo quedan cubiertos los riesgos cubiertos en la póliza, en las concretas circunstancias descritas en ella; 

(ii) la cláusula litigiosa era delimitadora del riesgo y establecía las medidas de seguridad que debía adoptar el transportista para la protección de la carga, en evitación de robos o hurtos; 

(iii) el camión, aunque estaba en un lugar cerrado, se encontraba en una zona solitaria y no vigilada, en día festivo, y sin que el recinto tuviera alarma o videovigilancia; por lo que no cumplía las normas de seguridad establecidas en la póliza.

Motivo del Recurso de casación

La cláusula que establece las condiciones en que debía encontrarse el camión para evitar sustracciones de la carga tiene la condición de limitativa y no meramente delimitadora del riesgo. En particular, alega que el seguro de transporte se caracteriza por el principio de universalidad del riesgo, como se desprende del art. 54 LCS, que configura como riesgo asegurado los daños que puedan sufrirse "con ocasión o consecuencia del transporte", sin ninguna otra precisión y con independencia de la específica naturaleza del siniestro acaecido. 

Por tanto, la cláusula únicamente puede ser limitativa de derechos y nunca delimitadora del riesgo.

Decisión de la Sala del TS

<<Este tribunal ya se ha pronunciado sobre la calificación de cláusulas como la litigiosa, en relación con una estipulación muy parecida a la que ahora nos ocupa (en ese caso, la utilizaba la compañía Axa), en la sentencia 590/2017, de 7 de noviembre, en la que declaramos: "la cláusula objeto de la litis no puede ser calificada como una cláusula delimitadora del riesgo, dado que su contenido, interpretado de forma sistemática, no se ajusta a la naturaleza y función de esas cláusulas, esto es, no trata de individualizar el riesgo por robo de la mercancía y de establecer su base objetiva. Por el contrario, el criterio que incorpora, de un modo determinante ["estacionamiento en espacios o recintos, sin la debida vigilancia"], fuera de establecer o definir la base objetiva del riesgo, viene a limitar la cobertura inicialmente pactada con establecimiento de una reglamentación que se aparta del contenido natural del contrato celebrado, y de lo que puede considerarse usual o derivado de las cláusulas introductorias o particulares (entre otras, STS 273/2016, de 22 de abril)".

En consecuencia, debemos concluir que una cláusula como la litigiosa, que establecía una serie de condicionantes (lugares y horarios de estacionamiento, recinto cerrado con llave, vigilancia, etc.) a la cobertura del riesgo para el caso de robo de la mercancía, es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, y no meramente delimitadora. La cláusula en la que se amparó la aseguradora para denegar la indemnización no fue expresamente aceptada y firmada por el tomador/asegurado, es nula e inoponible al mismo, a tenor del art. 3 LCS>>.

EL MERCADO DE FONDOS DE PENSIONES ¿PROMOCIÓN O INTERVENCIONISMO PÚBLICO ESTATAL?

La Intervención del Mercado de Fondos de Pensiones en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (2021)

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PLPGE) presentado hace unos días pretende intervenir el sistema privado y voluntario de las prestaciones complementarias del sistema público de Seguridad Social. Debe observarse que el art. 41 CE reconoce dicho sistema desde la libertad, la voluntariedad y la complementariedad o no del sistema público. 

Este precepto contempla la necesaria separación entre el régimen público de la Seguridad Social y las prestaciones complementarias libres basadas en una lógica contractual privada y, en consecuencia, financiables en principio con fondos privados y a cargo de los asegurados. 

Las prestaciones complementarias de naturaleza libre y de gestión privada, a las que pueden acceder quienes voluntariamente deseen complementar las prestaciones del sistema público de Seguridad Social.

El PLPGE contempla medidas no ordenadoras de impulso a los sistemas de previsión social voluntaria sino otras subyacentes y complementarias desde la reducción fiscalidad en las aportaciones a sistemas de previsión social y desde la promoción intervencionista de la Administración General del  Estado con los fondos de pensiones públicos de empleo. 

1ª. La discriminación fiscal y financiera de la contratación de planes del sistema individual frente a los planes de empleo. 

Límites de reducción y financieros de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social (Ley 35/2006, del IRPF)

Artículo 51. Se aplicará la menor de las cantidades siguientes: 

a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. 

b) 2.000 euros anuales. 

Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales. Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite. Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa.» 

Límites financieros de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social

Disposición adicional decimosexta

"El importe anual máximo conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social previstos en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la disposición adicional undécima de esta Ley será de 2.000 euros anuales. 

Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales. Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite. Además, para seguros colectivos de dependencia contratados por empresas para cubrir compromisos por pensiones, se establece un límite adicional de 5.000 euros anuales para las primas satisfechas por la empresa".

Modificación del Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (TRLPFP)

Art. 5. Principios básicos

a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley no podrá exceder de 2.000 euros. Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales. Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo de los que, a su vez, sea promotor y partícipe, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite.»

El límite de aportación de 2.000 anual a un plan de pensiones individual restringe de manera desproporcionada, injusta y desfavorable la libre autonomía de la voluntad de adhesión a un contrato privado a favor de otra modalidad contractual cuyo límite asciende a 8.000 euros. 

El ahorro individual de los contribuyentes hacia productos finalistas no se promueve sino al contrario se penaliza cuando la mayoría de aquellos son trabajadores por cuenta ajena sin que las empresas donde prestan sus servicios tengan asumidos compromisos por pensiones dentro de la negociación colectiva. 

Cabría preguntarse la opción de que los empresarios individuales e incluso los trabajadores por cuenta propia puedan adscribirse a planes asociados que promuevan las asociaciones profesionales y patronales con la idea de estimular y promover su adhesión en el mercado laboral y profesional correspondiente. Y, por otro lado, distinguirlo del ahorro individual con los planes de pensiones individuales desde la libre elección entre planes asociados, individuales e incluso de empleo con la posibilidad de que se integren en el denominado Fondo público de pensiones.

Esta medida incorporada podría vulnerar la naturaleza de los planes de pensiones y de sus principios básicos:

- el carácter voluntario de su constitución, así como de la libre adhesión al propio plan de pensiones dentro de una economía de mercado

- el carácter privado del patrimonio del ahorro acumulado en la cuenta de posición del plan y en el fondo de pensiones adscrito 

- el carácter no discriminatorio en el acceso, la igualdad de condiciones con respecto a una modalidad y otra de plan de pensiones.

- el carácter complementario o no del sistema público. El límite establecido a la contratación de planes de empleo no podrá responder a que dichas prestaciones ni sean complementarias ni autónomas suficientes para tener dichas condiciones. 

- la integración obligatoria en un fondo de pensiones

- la competencia legislativa (DF 4ª TRLPFP)- SSTC 206/1997, de 27 de noviembre, 66/1998, de 18 de marzo y 97/2014, de 12 de junio- 

2ª. Los Fondos de pensiones públicos de empleo por la Administración General del Estado

Dicha medida atribuye la capacidad legal de promoción de fondos de pensiones públicos de empleo a la Administración General del Estado, con el concurso de una entidad gestora y depositaria que se elegirá mediante concurso público. 

Téngase en cuenta la denominación utilizada como fondos de pensiones públicos de empleo y, a continuación, la habilitación hacia su integración con otros planes de empleo de aportación definida de empleo y con otros  planes de pensiones que no dispongan de un fondo de pensiones específico. 

En consecuencia, el Estado será el promotor de un fondo público soberano de pensiones de empleo quien tendrá reservada no sólo la facultad de elección de la gestora y de la depositaria, aunque sea mediante concurso público, sino también de veto sobre la política inversora.

En este caso, el promotor o entidad promotora será el propio Estado, quien asumirá la posición de sujeto constituyente que participa en la constitución y en el funcionamiento del plan de pensiones (art. 3.1 TRLPFP)

La competencia legislativa queda reservada al Estado mediante Ley (proyecto de ley en el plazo máximo de doce meses). Tendríamos que preguntarnos si el proyecto de Ley será autónomo o si por el contrario constituirá una reforma del régimen jurídico de los planes y fondos de pensiones. Téngase en cuenta la autorización del Ministerio de Seguridad Social para modificar la política de inversiones del fondo de pensiones en detrimento del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital.

Clase. Fondo de pensiones público de carácter abierto en relación con los procesos de inversión. 

Caracteres: 

a) Podrán adscribirse a estos fondos de pensiones de promoción pública los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones; y, por defecto, los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto. Igualmente, estos fondos de pensiones públicos podrán canalizar inversiones de otros fondos de empleo que así lo decidan con un nivel de gastos que incentive la competencia en el sector.

 b) El proceso de selección de las entidades gestora y depositaria del fondo se hará a través de concurso competitivo abierto. 

c) Los fondos de pensiones públicos de empleo estarán regidos por una comisión de control. Todavía es precipitado conocer la composición y  las funciones de la propia Administración del Estado como entidad promotora. 

La política de inversiones del fondo de pensiones, aprobada por la comisión de control, se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

d) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendrá derecho de veto en relación con las decisiones de la comisión de control del fondo que afecten a la estrategia de inversión, así como a la sustitución de las entidades gestora y depositaria. 

e) Se regularán procedimientos simplificados para la integración de los planes de pensiones de empleo en los fondos de pensiones públicos de empleo. 

f) Podrá preverse la integración de planes de pensiones asociados de trabajadores autónomos

3ª. La ponderación, neutralidad, proporcionalidad y transparencia de la norma

La norma que se presenta a debate parlamentario introduce en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una modificación en la reducción del límite general aplicable en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, si bien se prevé que el nuevo límite pueda incrementarse para las contribuciones empresariales. 

Dicha medida no proporciona un impacto real desde el punto de vista fiscal sino que su objeto no es más que alterar indirectamente la finalidad de la norma de contenido previsional más allá del carácter tributario.

Los Poderes Públicos en el ejercicio de la iniciativa legislativa actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.  La  medidas normativas han de estar suficientemente justificadas y adecuadas a dichos principios en el preámbulo o exposición de motivos.

La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Todo ello desde los principio de neutralidad, transparencia, eficacia, legalidad y seguridad jurídica (Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas; RD 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo).